El Gobierno destinará 2.363 millones de euros a desarrollar nuevas políticas públicas para lograr un mercado de trabajo “dinámico, resiliente e inclusivo” en el marco del Plan de Recuperación remitido a Bruselas. De esta cantidad, un tercio (765 millones de euros) se dedicará a empleo joven, según consta en el componente 23 del Plan.
Además de los 765 millones destinados a empleo joven, se invertirán 555 millones en nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad; 434,5 millones a la adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva, y 298 millones al fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital.
Además, del total de 2.365 millones, 105,5 millones irán a la gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo, 105 millones al empleo de la mujer y la transversalidad de género en las políticas activas de apoyo a la activación para el empleo, y 100 millones al plan integral de impulso a la economía social.
Por ejercicios, los 2.363 millones se reparten en 1.019,5 millones de euros en 2021, 730,5 millones en 2022 y 613 millones de euros en 2023. En el documento se precisa que ninguna de las reformas recogidas en este componente necesita financiación y que el dinero europeo sólo se destinará a las inversiones mencionadas.
En el documento, el Ministerio de Trabajo, autor de este componente, alerta de que los jóvenes de entre 16 y 29 años son una generación “azotada” notablemente por la crisis financiera y sanitaria, lo que “demanda su atención preferente”.
Por ello, propone crear el programa de formación en alternancia con el empleo Empleo Jóven-Tándem. También quiere, junto con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, impulsar un plan de primeras experiencias en el empleo en el seno de los servicios prestados por las administraciones públicas, del que se beneficiarán personas jóvenes desempleadas cuya etapa formativa se haya completado y acreditado en lo que a conocimientos se refiere.
También impulsará, en coordinación con el Ministerio de Ciencia e Investigación, el ‘programa Investigo’, un plan de empleo para personas jóvenes investigadoras.
SIMPLIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La reforma número cuatro de este componente, que prevé implementarse durante este año, recoge la simplificación de los contratos, reduciéndolos a tres (estable, temporal y de formación/prácticas). Además, con el fin de impulsar la creación de empleo, Trabajo ve necesario dar a las empresas mecanismos internos para ajustarse ante situaciones de crisis o cambios cíclicos, siendo los ERTE un punto de partida para la creación de este mecanismo permanente.
Para atajar el fraude laboral, el Ministerio de Trabajo apuesta por establecer un mecanismo efectivo para eliminar el abuso de la contratación temporal sobre una misma persona trabajadora o un mismo puesto de trabajo; reforzar el Plan por el Trabajo Digno, apoyándose en las nuevas técnicas de gestión de datos; realizar campañas de concienciación e introducir paulatinamente limitaciones mayores a los pagos en efectivo.
Adicionalmente, Trabajo dice que continuará con las prácticas de la Inspección de Trabajo que han mejorado la detección de abusos tanto en ERTE como en la temporalidad. Así, se centrará en el uso masivo de datos que tienen a su disposición las autoridades laborales, automatizará las actas sancionadoras, aumentará la plantilla estable de la Inspección de Trabajo y actualizará las sanciones, que se mantienen en niveles de 2006.
También este año, en el segundo trimestre de 2021, se elevará a Real Decreto-Ley la Ley de trabajadores de las plataformas digitales.
El Gobierno explica que la modernización de las políticas activas de empleo requiere la modificación del Real Decreto por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Empleo para potenciar los instrumentos de actuación y de coordinación del Sistema Nacional de Empleo; la aprobación de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2021-2024, que contendrá la planificación estratégica de las políticas activas de empleo para los cuatro próximos años; la aprobación del Real Decreto Ley por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo; la modernización del programa de fomento del empleo agrario, y la aprobación de la Garantía Juvenil Plus.
También se reformará la Ley por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral para adecuarla a las actuaciones del Plan Nacional de Políticas Activas de Empleo. Trabajo prevé implementar estas medidas entre este año y el que viene.
A lo largo de 2021, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz quiere aprobar el mecanismo de flexibilidad interna para las empresas basado en los actuales ERTE, la modernización de la negociación colectiva, y la modernización de la contratación y subcontratación de las actividades empresariales. Además, prevé comenzar con la digitalización del SEPE para su modernización y eficacia, pero prevé que esta reforma se complete en 2023.
La revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral, como recomendaba la AIReF, se llevará a cabo a partir del año que viene. Trabajo ha dejado claro que los incentivos deben centrarse casi exclusivamente en la empleabilidad de las personas desempleadas, y siempre para contratos indefinidos.
