Con el objetivo de convertir la formación en una herramienta determinante para afrontar la vuelta a la normalidad de las empresas cuando la situación pandémica lo permita, el Gobierno ha ampliado recientemente el crédito disponible a través de la FUNDAE para incentivar la formación durante el periodo extendido de protección al trabajador. Tal y como recoge en el Real Decreto Ley 18/2021, de 28 de septiembre, las empresas que cuenten con trabajadores en situación de ERTE podrán acceder a programas formativos con una exoneración del 80% en seguros sociales por cada trabajador que realice la formación. Para impulsar los buenos propósitos personales y empresariales de cara al 2022, TÜV SÜD, compañía líder internacional en soluciones de alta calidad, sostenibilidad y seguridad, ha repasado los principales requisitos para acceder a estos cursos:

– Las empresas deberán presentar una declaración responsable sobre su compromiso a la realización de acciones formativas. Esta declaración responsable se efectuará a través del Sistema RED, por cada uno de los trabajadores que vayan a realizar dichas acciones y se pretenda la aplicación del 80% de exoneración.

– Si la empresa tiene Representación Legal de Trabajadores (RTL) debe ser informada con anterioridad de la ejecución de las acciones que van a realizar estos trabajadores en ERTE.

– La formación de los trabajadores en ERTE tendrá que realizarse dentro del horario laboral, tanto para los que tengan un ERTE completo como para los que tengan un ERTE parcial.

– Al estar sujetos a la normativa que regula la Formación Bonificada, los cursos que se inicien en el 2021 tendrán que terminarse antes del 31 diciembre de 2021, y los que comiencen en el 2022 tendrán que finalizar antes del 30 de junio de 2022.

– La bonificación se realizará en los seguros sociales a la finalización del curso, como el resto de los cursos.

Por último, según Irene Huguet, Business Unit Manager de TÜV SÜD Academy, “las empresas podrán solicitar a la FUNDAE los programas formativos desde el pasado 1 de noviembre, siempre y cuando estos se pongan en marcha antes del 30 de junio de 2022”. En este sentido, añade, “TÜV SÜD Academy es una entidad homologada por el SEPE e inscrita en el Registro Estatal de Entidades de Formación con capacidad para impartir y organizar, dentro de la iniciativa de Formación Programada por las Empresas, programas de formación profesional para el empleo distinta de las especialidades formativas incluidas en el catálogo de especialidades formativas y, por supuesto, asumimos el reto de acompañar a las empresas y a los profesionales en la consecución de este propósito de año nuevo”, concluye Huguet.

Para poder acogerse a estas bonificaciones, las inscripciones a los cursos deben hacerse efectivas, como máximo, hasta el 28 de febrero de 2022, aunque las formaciones podrán realizarse hasta el 30 de junio de 2022. En este sentido, Jorge Amo, responsable de Formación en Mobility Industry de TÜV SÜD España, recuerda “la importancia de tomar conciencia por parte de las empresas con trabajadores en ERTE de la oportunidad que se abre para ellas, tanto de ahorro económico como de oportunidad de crecimiento para sus trabajadores. Al igual que Academy, en Formación Mobility también estamos homologados por el SEPE y contamos con una dilatada trayectoria en este campo”.

– El Consejo de Ministros ha actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, la base para la elaboración de la oferta formativa de Formación Profesional.

– Cabe destacar las cualificaciones directamente vinculadas con la digitalización, como internet de las cosas, inteligencia artificial, aprendizaje automático, diseño de interfaces gráficas en dispositivos digitales o digitalización en el entorno profesional.

– El Ministerio de Educación y Formación Profesional cuenta para su diseño con la colaboración permanente de empresas punteras de cada uno de los ámbitos productivos implicados.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), ha aprobado este martes cuatro Reales Decretos que renuevan el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Con esta aprobación, se crean 49 nuevas cualificaciones profesionales y se actualizan otras ocho ya existentes de 16 familias profesionales. Todas ellas están vinculadas a los once sectores productivos identificados como estratégicos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional que está desarrollando el MEFP.

Entre ellas, se establecen cinco nuevas cualificaciones vinculadas directamente con la digitalización, como son Instalación y mantenimiento de dispositivos y sistemas conectados, IoT; Digitalización aplicada al entorno profesional; Gestión de datos y entrenamiento en sistemas de Inteligencia Artificial basados en aprendizaje automático; Gestión de la instalación, despliegue y explotación de sistemas de Inteligencia Artificial basados en aprendizaje automático; y Diseño de interfaces gráficas, interacción y experiencia de usuario en dispositivos digitales, pertenecientes a las familias profesionales de Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones y Artes Gráficas. Contribuyen así al proceso de digitalización de la oferta de Formación Profesional que está implementando el MEFP.

Otras nueve cualificaciones de nueva creación pertenecen a la familia profesional de Actividades físicas y deportivas; seis están vinculadas a Edificación y Obra Civil, dos a Energía y Agua, cinco a Hostelería y Turismo, cinco a Transporte y Mantenimiento de Vehículos, dos a Imagen y Sonido y otras dos a la familia de Servicios Socioculturales a la Comunidad, entre otras.

El MEFP consolida así un Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales moderno, que responde a los perfiles profesionales más demandados hoy en día. Para esta actualización permanente, cuenta con la colaboración de empresas punteras de cada uno de los sectores productivos implicados. Se trata de una de las líneas de actuación fundamentales del Plan de Modernización de la Formación Profesional puesto en marcha por el MEFP en 2020. Para la elaboración y modernización de las cualificaciones profesionales se han tenido en cuenta las técnicas más actualizadas del mercado utilizadas en el desarrollo de la actividad laboral que reconocen.

El CNCP es el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que facilita el carácter integrado y la adecuación entre la FP y el mercado laboral. Está constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo, que son la base para la elaboración de la oferta formativa de Formación Profesional. Con la entrada en vigor de estos cuatro Reales Decretos, el catálogo suma un total de 736.

El Gobierno destinará 2.363 millones de euros a desarrollar nuevas políticas públicas para lograr un mercado de trabajo “dinámico, resiliente e inclusivo” en el marco del Plan de Recuperación remitido a Bruselas. De esta cantidad, un tercio (765 millones de euros) se dedicará a empleo joven, según consta en el componente 23 del Plan.

Además de los 765 millones destinados a empleo joven, se invertirán 555 millones en nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad; 434,5 millones a la adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva, y 298 millones al fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital.

Además, del total de 2.365 millones, 105,5 millones irán a la gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo, 105 millones al empleo de la mujer y la transversalidad de género en las políticas activas de apoyo a la activación para el empleo, y 100 millones al plan integral de impulso a la economía social.

Por ejercicios, los 2.363 millones se reparten en 1.019,5 millones de euros en 2021, 730,5 millones en 2022 y 613 millones de euros en 2023. En el documento se precisa que ninguna de las reformas recogidas en este componente necesita financiación y que el dinero europeo sólo se destinará a las inversiones mencionadas.

En el documento, el Ministerio de Trabajo, autor de este componente, alerta de que los jóvenes de entre 16 y 29 años son una generación “azotada” notablemente por la crisis financiera y sanitaria, lo que “demanda su atención preferente”.

Por ello, propone crear el programa de formación en alternancia con el empleo Empleo Jóven-Tándem. También quiere, junto con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, impulsar un plan de primeras experiencias en el empleo en el seno de los servicios prestados por las administraciones públicas, del que se beneficiarán personas jóvenes desempleadas cuya etapa formativa se haya completado y acreditado en lo que a conocimientos se refiere.

También impulsará, en coordinación con el Ministerio de Ciencia e Investigación, el ‘programa Investigo’, un plan de empleo para personas jóvenes investigadoras.

SIMPLIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La reforma número cuatro de este componente, que prevé implementarse durante este año, recoge la simplificación de los contratos, reduciéndolos a tres (estable, temporal y de formación/prácticas). Además, con el fin de impulsar la creación de empleo, Trabajo ve necesario dar a las empresas mecanismos internos para ajustarse ante situaciones de crisis o cambios cíclicos, siendo los ERTE un punto de partida para la creación de este mecanismo permanente.

Para atajar el fraude laboral, el Ministerio de Trabajo apuesta por establecer un mecanismo efectivo para eliminar el abuso de la contratación temporal sobre una misma persona trabajadora o un mismo puesto de trabajo; reforzar el Plan por el Trabajo Digno, apoyándose en las nuevas técnicas de gestión de datos; realizar campañas de concienciación e introducir paulatinamente limitaciones mayores a los pagos en efectivo.

Adicionalmente, Trabajo dice que continuará con las prácticas de la Inspección de Trabajo que han mejorado la detección de abusos tanto en ERTE como en la temporalidad. Así, se centrará en el uso masivo de datos que tienen a su disposición las autoridades laborales, automatizará las actas sancionadoras, aumentará la plantilla estable de la Inspección de Trabajo y actualizará las sanciones, que se mantienen en niveles de 2006.

También este año, en el segundo trimestre de 2021, se elevará a Real Decreto-Ley la Ley de trabajadores de las plataformas digitales.

El Gobierno explica que la modernización de las políticas activas de empleo requiere la modificación del Real Decreto por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Empleo para potenciar los instrumentos de actuación y de coordinación del Sistema Nacional de Empleo; la aprobación de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2021-2024, que contendrá la planificación estratégica de las políticas activas de empleo para los cuatro próximos años; la aprobación del Real Decreto Ley por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo; la modernización del programa de fomento del empleo agrario, y la aprobación de la Garantía Juvenil Plus.

También se reformará la Ley por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral para adecuarla a las actuaciones del Plan Nacional de Políticas Activas de Empleo. Trabajo prevé implementar estas medidas entre este año y el que viene.

A lo largo de 2021, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz quiere aprobar el mecanismo de flexibilidad interna para las empresas basado en los actuales ERTE, la modernización de la negociación colectiva, y la modernización de la contratación y subcontratación de las actividades empresariales. Además, prevé comenzar con la digitalización del SEPE para su modernización y eficacia, pero prevé que esta reforma se complete en 2023.

La revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral, como recomendaba la AIReF, se llevará a cabo a partir del año que viene. Trabajo ha dejado claro que los incentivos deben centrarse casi exclusivamente en la empleabilidad de las personas desempleadas, y siempre para contratos indefinidos.

• La herramienta digital ha sido consensuada con todos los agentes sociales.
• Es pionera en España y facilitará la detección de posibles desigualdades de género por trabajos de igual valor, sin sesgos ni estereotipos.
• El uso de la herramienta IR es voluntario y gratuito y facilita a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones en materia de igualdad y transparencia retributivas.
• La representación legal de las personas trabajadoras y la Inspección de Trabajo tendrán acceso a todos los datos incluidos en la herramienta.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, acompañadas por Mari Cruz Vicente, secretaria de acción sindical de CCOO; Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT; María del Val Díez, presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de CEOE y Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de Cepyme han presentado, esta mañana, la herramienta española de igualdad retributiva IR!.

Se trata de un instrumento pionero para registrar los salarios de las personas trabajadoras de una empresa y detectar posibles desigualdades retributivas entre hombres y mujeres por realizar trabajos de igual valor.

Para Yolanda Díaz, “con IR! España está dando un paso de enorme trascendencia para la igualdad efectiva pero, sobre todo, está posibilitando que las empresas actúen, desde la calidad y el reconocimiento del talento, como motor de la transformación social.”

En este sentido, Irene Montero ha destacado que la igualdad retributiva “está más cerca” y el conjunto de agentes implicado: empresas, sindicatos y administración, “mostramos nuestra voluntad de aflorar la desigualdad existente en este ámbito, dándonos las herramientas que nos permitirán ponerle solución.”

La representantes de las organizaciones sindicales y empresariales han destacado, durante el acto de presentación, la importancia de la Herramienta Española de Igualdad Retributiva IR! y de la igualdad en materia laboral. También han puesto en valor el consenso alcanzado entre los agentes sociales y el Gobierno.

Trabajo de igual valor, igual retribución

El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre pretende visibilizar la discriminación en materia retributiva pero, sobre todo, en sus causas para que se puedan tomar las medidas adecuadas para erradicarla, desarrollando los mecanismos para identificar y corregir la discriminación en este ámbito, promoviendo las condiciones necesarias y removiendo los obstáculos existentes.

Con este Real Decreto, se regula el principio de transparencia retributiva y la obligación de igual retribución por trabajo de igual valor, los instrumentos de transparencia retributiva como registros retributivos, auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo de aplicación, y el derecho de información de las personas trabajadoras. El registro retributivo, obligatorio para todas las empresas y la auditoría retributiva, con la que deben contar las empresas obligadas a tener un Plan de Igualdad, permiten avanzar hacia la transparencia y la igualdad además de facilitar la retención del talento.

Herramienta de Igualdad retributiva IR!

La herramienta de Igualdad retributiva IR! nace en el marco del Diálogo Social y es fruto del acuerdo de los ministerios de Trabajo y Economía Social e Igualdad con las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.

Se trata de un modelo de hoja de cálculo, sencillo e intuitivo, que se pone a disposición de las empresas, independientemente de su tamaño, y que les permite cumplir con la obligación de elaborar un registro retributivo de acuerdo con las exigencias previstas en la norma. Aunque todas las empresas están obligadas a tener un registro retributivo, el uso de esta herramienta en concreto es voluntario.

El registro es una imagen documentada de lo que ocurre en la empresa desde el punto de vista retributivo durante un periodo de referencia temporal, que con carácter general es el año natural, y debe contener todas las retribuciones efectivamente satisfechas y percibidas en este periodo.

La herramienta de registro es un instrumento de transparencia retributiva e incorpora dos tipos de información:

Importes efectivos: Información obligatoria fidedigna acerca de las retribuciones efectivamente percibidas en el periodo de referencia por las personas trabajadoras en la empresa, para cada una de sus situaciones contractuales, y sus promedios y medianas deben estar desglosados por sexo, por categorías, grupos profesionales, niveles, puestos o cualquier otro sistema de clasificación que sea utilizado en la empresa.

Importes equiparados: la herramienta de registro incluye la denominada “equiparación” de las retribuciones para proporcionar un dato adicional de comparabilidad, ofreciendo importes equiparables.

Cuando la diferencia de las retribuciones sea superior al 25%, la empresa debe identificar las causas, determinar si está justificada o no y, en su caso, corregir la desigualdad.

La representación legal de los trabajadores y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrán acceso a los datos recogidos en el registro. Las personas trabajadoras podrán consultar la información promediada.

Asesoramiento gratuito

El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, dispone de un servicio de asesoramiento gratuito a empresas y otras entidades para la elaboración e implantación de planes y medidas de igualdad, que lleva a cabo un acompañamiento personalizado y especializado a las entidades interesadas, y que dispone de una guía para la elaboración de planes de igualdad adaptada a lo previsto en el RD 901/2020, así como múltiples materiales de sensibilización y cursos de formación gratuitos sobre igualdad en el empleo a través de la Escuela virtual de Igualdad del Instituto de las Mujeres.

• “La recuperación debe traer un país más igualitario y más justo y esta transformación de las PAE es garantía de que será así”, ha señalado la vicepresidente tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
• La evaluación de las PAE, tanto en el marco ministerial como en el de las comunidades autónomas, será una de las características principales de este nuevo diseño, que apostará por la transparencia y la trazabilidad.
• Las personas trabajadoras en ERTE tendrán carácter prioritario en las acciones formativas que se desarrollen.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, han presentado esta mañana la propuesta de reforma de las Políticas Activas de Empleo (PAE), uno de los “cambios estructurales más importantes -en palabras de la vicepresidenta Díaz- que va a abordar el Gobierno, con las comunidades autónomas y de la mano del diálogo social”, y cuyo detalle se conocerá en la Conferencia Sectorial de Empleo que se celebrará el próximo 28 de abril.

El apoyo presupuestario a las nuevas PAE, ha recordado el secretario de Estado, es “de más de 3.500 millones de euros, la partida más importante de la historia”. De esos 3.500 millones de euros, en la citada sectorial, se debatirá una propuesta de distribución de 2.100 millones para las diferentes comunidades autónomas participantes. Se añade a este montante, tal como explicaron Díaz y Pérez Rey, los 260 millones de euros para Plan del Fomento del Empleo Agrario (PROFEA), y los 1.100 millones de euros en PAE, contempladas en el componente 23, con inversiones decisivas en dos vectores clave para el empleo: los jovenes y las mujeres.

Las nuevas Políticas Activas de Empleo, centro nodal del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la Comisión Europea por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, abordan la digitalización de las PAE, “concebidas como grandes aliadas de las empresas y de la transformación del modelo productivo de nuestro país”, ha señalado la ministra de Trabajo y Economía Social.

“La recuperación debe traer un país más igual y más justo y esta ambiciosa transformación de las PAE es una garantía de que esto sea así”, ha señalado la vicepresidenta Díaz, que ha recordado la necesidad de afrontar “cambios de envergadura, tras más de cuarenta años de un diseño unívoco, en el que las PAE han operado de manera deficiente, con un sesgo pasivo, centrado en el desempleo, y en dirección contraria a lo que Europa nos pide, que ha cuestionado reiteradamente los índices de precariedad, temporalidad y rotación de nuestro mercado laboral”.

En este sentido, Díaz ha anunciado que, en el marco de la reformulación de las PAE, se ofrecerá especial atención a la situación laboral de las personas orientadoras, “que deben salir de la precariedad, porque quien debe rediseñar el futuro del empleo no puede estar en situación de precariedad”, ha explicado.

Eficacia y trazabilidad

El secretario de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha indicado que este rediseño se basa en dos elementos fundamentales: su eficacia para impulsar el empleo y “que lo hagan permitiéndonos saber para qué estamos usando estos fondos, una trazabilidad de los mismos, que genere una gobernanza inspiradora que nos permita aprender de lo que mejor funciona y corregir errores”.

En este sentido, la vicepresidenta Díaz ha hablado del carácter orientativo y de evaluación permanente de las PAE, que deben ser personalizadas y adaptadas a las personas trabajadoras, y que deben acudir “a perfilados estadísticos y a la inteligencia artificial” para estar presentes en el “origen y desarrollo de toda la vida laboral”. La evaluación constante de las PAE, tanto en el marco ministerial como en el de las comunidades autónomas, será una de las características principales de este nuevo diseño, que apuesta por la transparencia y la trazabilidad.

Evaluación

Además, las nuevas PAE serán objeto de seguimiento y evaluación. “Un cambio sustancial -ha dicho Díaz- es que vamos a condicionar los recursos públicos sujetos a los resultados obtenidos y a su evaluación, que es lo que nos pide Europa y la Aidef”, ha continuado Díaz, que ha llamado a la “implicación de todas las CCAA” y a una “nueva política, basada en la transparencia y en la rendición de cuentas, que es una oportunidad única para cambiar el rostro de esta pieza fundamental para el empleo en nuestro país”.

Durante la rueda de prensa, la vicepresidenta tercera ha recordado la importante “modernización de los servicios públicos de empleo, con la digitalización de los mismos” así como la inversión de “cantidades importantes en presupuesto para conseguir un auténtico portal público de empleo, una plataforma integrada común” y que estos servicios “puedan llegar a nuestros dispositivos móviles, no solo como orientación sino con todos los recursos online que podamos distribuir desde el SEPE”.

Formación en ERTE y contratos formativos

Pérez Rey ha destacado que las nuevas PAE “impulsarán los encuentros entre el mundo formativo y laboral, huyendo de componentes que precarizan el mercado de trabajo, y con programas como Tándem e Investigo, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, “para estimular las vocaciones investigadoras y la formación superior de carácter científico que impulse el cambio de modelo productivo”. Además, Pérez Rey ha indicado que las personas trabajadoras en ERTE serán objetivo prioritario del impulso formativo: “una oportunidad para mejorar la capacitación profesional, gobernar las transiciones, liberar tiempo formativo, y avanzar en competencias digitales”.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo también ha recordado la necesidad de “mejorar y redefinir los contratos formativos” y “premiar positivamente su uso”.

• Cada año participan 340.000 empresas y se forma a más de 4,6 millones de empleados.

• Uno de cada cuatro ocupados en ERTE ha aprovechado para formarse.

Todas las empresas con asalariados disponen de un crédito anual para la formación de sus empleados. Este crédito se calcula aplicando a la cuantía ingresada por la empresa por este concepto el año anterior, los porcentajes que, en función del tamaño de su plantilla, fija cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El problema es que sólo un 20% de las empresas que potencialmente pueden acceder a esta bonificación la aprovechan.

El dato lo aporta la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), encargada de impulsar y coordinar la ejecución de las políticas públicas en materia de Formación Profesional, en el ámbito del empleo y las relaciones laborales. En formación programada para las empresas (formación bonificada) participan cada año unas 340.000 empresas y se forman a más de 4,6 millones de participantes en acciones formativas.

El presupuesto se financia mediante las bonificaciones en las cuotas sociales y alcanza unos 661 millones de euros anuales. La tasa de cobertura de las empresas en esta iniciativa es del 20% en el tejido productivo, entendiendo por tasa de cobertura el porcentaje de empresas que realizan formación para sus trabajadores en relación con el total de empresas inscritas en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Este crédito anual para la formación de los empleados se hace efectivo a través de bonificaciones en sus cotizaciones sociales. Esta iniciativa apoya de manera particular a las pymes, ya que el porcentaje para calcular el crédito para la formación es mayor cuanto menor es el tamaño de las empresas, y todas las entidades tienen un crédito mínimo de 420 euros anuales.

Madrid, Cataluña y Navarra son las comunidades que más aprovechan la posibilidad de esta actividad formativa.

En cuanto al ámbito territorial, Comunidad de Madrid, Cataluña y Navarra son las comunidades que presentan un perfil más dinámico en relación a la actividad formativa y superan ampliamente la tasa media de cobertura nacional. Ceuta, Melilla y Extremadura son las comunidades o ciudades autónomas que obtienen el menor peso de participantes respecto a su volumen de ocupación.

Por sectores de actividad, el mayor volumen de empresas formadas se concentra en el ámbito de las actividades de sanidad y servicios sociales, educación, intermediación financiera, actividades inmobiliarias, transporte, comercio, comunicaciones y actividades socioculturales. La agricultura es el sector con menos presencia en la formación bonificada.

Los ERTE, una oportunidad para formarse

En el último año un millón de trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) recibieron formación, según datos del Ministerio de Trabajo. Eso supone que uno de cada cuatro ocupados en esta situación aprovechó este periodo sin empleo para formarse en alguna materia o habilidad con el objetivo de ampliar su empleabilidad y aumentar sus posibilidades de reincorporarse a la actividad.

El principal promotor de los cursos no fue el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sino las empresas privadas. Así, un 85% de los beneficiarios accedió a los cursos organizados por sus propias empresas, mientras que el 15% restante, se formaron a través de los cursos programados por el SEPE.

La formación continua es el instrumento con el que las empresas buscan mejorar las aptitudes y capacidades de sus empleados, por lo tanto, es un factor que puede incrementar la competitividad de todos los sectores económicos. Sin embargo, muchas de las entidades, especialmente las micropymes, desconocen cómo pueden aprovechar este sistema de formación bonificada, cuya financiación se obtienen de las cuotas que todas las sociedades pagan a la Seguridad Social.